En abril de 2025 entraron en vigor importantes cambios en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2025, orientada a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta reforma introduce novedades que afectan directamente a la convivencia, la toma de decisiones y la gestión de las comunidades de propietarios, marcando un antes y un después en la normativa comunitaria.
La LPH regula las relaciones entre los propietarios de un edificio o conjunto residencial, estableciendo derechos, obligaciones y la organización de la comunidad. Su objetivo principal es garantizar la convivencia, el mantenimiento de los elementos comunes y la correcta administración de los gastos y servicios compartidos.
Uno de los cambios más relevantes de 2025 es el control comunitario sobre los alquileres turísticos. Ahora, cualquier propietario que desee destinar su vivienda a alquiler vacacional debe contar con la aprobación de tres quintas partes de los propietarios, que representen al menos tres quintas partes de las cuotas de participación. Esto permite a las comunidades limitar o prohibir estas actividades según las necesidades de convivencia, evitando conflictos y sanciones por incumplimiento de estatutos.
En el caso de Catalunya, es importante tener en cuenta que estas cuestiones no se rigen por la LPH estatal, sino por el Código Civil de Catalunya (Libro V), que establece su propia regulación en materia de propiedad horizontal. En este contexto, para modificar estatutos o limitar usos como el alquiler turístico, suele exigirse el acuerdo de cuatro quintas partes de los propietarios y de las cuotas de participación (art. 553-26 CCCat), salvo que el título constitutivo disponga otra cosa. Este matiz es clave, ya que muchas comunidades aplican mayorías incorrectas por desconocimiento de la normativa autonómica.
La reforma también refuerza el equilibrio entre derechos individuales y colectivos. Aunque cada propietario puede realizar actividades dentro de su vivienda, estas deben respetar los acuerdos y la convivencia general. Además, se aumenta la responsabilidad de las comunidades en la gestión diaria, la digitalización de procesos y la clarificación de normas sobre cuotas, morosidad y reparto de gastos.
Tras la entrada en vigor de la ley, las comunidades tienen un plazo para adaptar sus estatutos, asegurando que estén alineados con la nueva normativa y evitando posibles sanciones. Cumplir con estas obligaciones no solo protege a la comunidad de multas, sino que también fortalece la cohesión vecinal y facilita la toma de decisiones.
Conocer estas obligaciones es esencial tanto para propietarios particulares como para inversionistas. La actualización de estatutos y la supervisión de acuerdos permite garantizar la habitabilidad del edificio y una gestión eficiente de los recursos comunes.
En Finques Rubio, inmobiliaria de referencia en Badalona y Santa Coloma de Gramenet, aconsejamos a todas las comunidades mantener sus estatutos actualizados y contar con una administración profesional que asegure el cumplimiento de la ley y la convivencia pacífica.
Con más de 22 años de experiencia en el sector inmobiliario, Jordi Rubio Palau, CEO de Finques Rubio y Alfa Badalona, es especialista en la compraventa y alquiler de propiedades en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Barcelona, intermediando en más de 4.000 operaciones. Es Licenciado y Master en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, API y Administrador de Fincas colegiado y miembro de varias asociaciones inmobiliarias.
